06-30-11 comentario Mujer Sonora
Silvia Núñez Esquer
De nuevo la escritora, activista, periodista y defensora de derechos humanos de mujeres y niñas Lydia Cacho, ha sido amenzada de muerte. Comunicación e Información de la Mujer a través de su programa Libertad de expresión y derechos humanos informa que en lo que va de 2011, catorce mujeres periodistas han sido agredidas y ninguno de los casos ha sido resuelto.
La agencia agrega que según el informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, del Centro de Periodismo y Ética pública (CEPET), en el país cada dos días una comunicadora o comunicador fue agredido.
En diciembre de 2005 Lydia Cacho fue privada de la libertad ilegalmente y llevada de Quintana Roo a Puebla, siendo durante el camino víctima de amenazas, hostigamiento, tortura psicológica y física, según narra la propia escritora en su libro Memorias de una infamia, publicado en noviembre de 2007.
A pesar de lo emblemático del caso que reveló las tramas entre los poderes político y económico para encubrir redes delincuenciales, el gobierno mexicano parece no haber acatado sus compromisos para proteger no sólo a Lydia Cacho, sino a otras tantas y tantos periodistas que han sido agredidos y asesinados en México.
A través de su correo electrónico la periodista recibió amenazas de muerte, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones de implementación de medidas cautelares de protección para Cacho Ribeiro, desde 2009, mismas que al parecer no fueron instrumentadas cabalmente.
En la Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, se establece que particularmente se encuentran en riesgo las y los periodistas que cubren problemas sociales incluyendo crimen organizado y narcotráfico, que critican al gobierno o a los sectores del poder, que cubren violaciones a derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto.
El documento reconoce que la impunidad genera más violencia y habla de varias preocupaciones:
1.- Las agresiones no reciben la atención que merecen y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas, o cuando se producen, investigarlas y juzgar a quienes las perpetren.
2.- No se reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para abordar estas agresiones, que no sólo suponen un ataque contra la víctima sino que además vulneran el derecho de las demás personas a recibir información e ideas.
3.- La ausencia de medidas de protección para periodistas que han sido desplazados como resultado de estas agresiones.
En la Guía sobre medidas cautelares para periodistas se destaca que el Comité de Derechos Humanos emitió recomendaciones al Estado mexicano relativas al Quinto informe periódico sobre el cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano debe garantizar a las y los periodistas y defensores de derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión en la realización de sus actividades. Además debe tomar medidas inmediatas para proporcionar protección si sus vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales.
Por si fuera poco, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el estado mexicano aceptó varias recomendaciones en materia de derechos humanos derivadas del Examen Periódico Universal, ocho de las cuales se refieren concretamente a la protección de comunicadores y periodistas en México. Entre las principales está mejorar la eficacia de las medidas cautelares para proteger a los defensores de derechos humanos, en particular adoptando estrategias eficaces e integrales de prevención, a fin de prevenir las agresiones y proteger la vida y la integridad física de las y los periodistas y defensores de derechos humanos.
Si nada más en este año se han registrado 139 víctimas la pregunta es: ¿tendrá algún interés el gobierno mexicano en implementar medidas cautelares para periodistas?
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